La desaparición de personas en México sigue siendo una herida abierta que lacera a miles de familias, un dolor que la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció con crudeza durante su más reciente conferencia matutina. “Es una situación que nos duele a todos, que nos compromete como sociedad y como gobierno”, afirmó, subrayando que la prioridad absoluta es acompañar a los colectivos de búsqueda, dar con los responsables y erradicar de raíz cualquier forma de reclutamiento forzado, especialmente de jóvenes.
En un tono que combinó firmeza y sensibilidad, Sheinbaum anunció un cambio de paradigma en la atención a las víctimas. “No podemos seguir como antes”, declaró, refiriéndose a la necesidad de transformar la manera en que el Estado responde a estas tragedias. Entre las medidas más urgentes, destacó la obligación de abrir una carpeta de investigación de manera inmediata tras la denuncia, un paso que, aunque debería ser obvio, ha sido históricamente postergado o ignorado. “Esto marca una diferencia fundamental: ya no habrá excusas para no actuar desde el primer momento”, aseguró.
El nuevo modelo también incluye el fortalecimiento de un sistema de alerta temprana que, una vez activado, notificará de forma automática a aeropuertos, puertos, instituciones bancarias y sistemas de transporte. La idea es cerrar el cerco a los posibles responsables y evitar que las desapariciones queden en la impunidad por la lentitud burocrática. “Cada minuto cuenta cuando una vida está en riesgo”, enfatizó la mandataria, quien insistió en que estas acciones buscan no solo agilizar las búsquedas, sino también reconstruir la confianza entre las familias y las autoridades.
El tema de la posible complicidad de elementos de seguridad en algunos casos no quedó fuera de la conversación. Ante las críticas de colectivos que han señalado la participación de policías o militares en desapariciones, Sheinbaum fue tajante: “El Estado tiene la capacidad y la obligación de investigar a sus propios integrantes. Si hay responsables dentro de las instituciones, serán sancionados con todo el peso de la ley”. Sus palabras buscaron transmitir un mensaje claro: no habrá impunidad, sin importar el uniforme que se porte.
Sin embargo, más allá de las declaraciones, lo que las familias exigen son resultados concretos. México acumula más de 110,000 personas desaparecidas, según registros oficiales, una cifra que crece día con día y que refleja la magnitud de una crisis humanitaria que ha dejado a generaciones enteras en la incertidumbre. Los colectivos, como el de Madres Buscadoras o el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, han sido clave para visibilizar el problema, pero también han denunciado la falta de voluntad política para resolverlo.
En este contexto, las promesas de Sheinbaum suenan a un intento por enmendar errores del pasado, aunque persisten dudas sobre su implementación efectiva. ¿Logrará este nuevo modelo romper con la inercia de años de negligencia? ¿Se traducirán las alertas tempranas en búsquedas exitosas? Las respuestas dependerán, en gran medida, de que las palabras se conviertan en acciones tangibles. Mientras tanto, las familias siguen cavando fosas clandestinas, revisando archivos y exigiendo justicia, porque para ellas, cada día sin respuestas es un día más de dolor.
