La política y empresaria del arte, Claudia Cuevas, denunció en un emotivo mensaje difundido en sus redes sociales que ha sido víctima de una vigilancia constante durante las últimas tres semanas. Según su testimonio, tanto su domicilio particular como su galería de arte han sido objeto de un monitoreo que, asegura, ha generado un clima de intimidación y temor. En un tono firme pero visiblemente afectado, Cuevas no dudó en señalar directamente a dos figuras clave de la escena política local: el diputado Ricardo Monreal y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, a quienes acusó de orquestar una campaña en su contra con un objetivo claro: vincularla falsamente con grupos de la delincuencia organizada bajo el polémico concepto de “narcopolítica”.
La exfuncionaria fue contundente al rechazar cualquier nexo con líderes delictivos detenidos en operativos recientes, una acusación que, según ella, forma parte de una estrategia para desprestigiar su imagen y minar su influencia en el ámbito político y cultural. “No tengo nada que ver con esos grupos, y quienes me conocen saben que mi trayectoria está basada en el arte, la cultura y el servicio público”, afirmó en su mensaje, donde también advirtió sobre el riesgo que representa para la democracia que figuras con poder utilicen este tipo de tácticas para silenciar a sus adversarios.
El caso de Cuevas cobra especial relevancia al recordar que, apenas en enero pasado, la empresaria había mostrado un giro en su postura hacia el gobierno federal. En ese entonces, no solo elogió la labor de seguridad del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sino que incluso lo calificó como un “perfil presidencial para el futuro”. Este respaldo, sin embargo, parece haber quedado en el olvido ante la actual crisis que enfrenta, donde la falta de una respuesta oficial por parte de las autoridades agrava su situación.
Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no ha emitido ningún comunicado respecto a la solicitud de protección que Cuevas habría presentado. La incertidumbre sobre si se le otorgará un esquema de seguridad —o si su denuncia será investigada— deja en evidencia las tensiones que persisten en el entorno político, donde las acusaciones cruzadas y las campañas de desprestigio parecen haberse convertido en moneda corriente. Mientras tanto, la empresaria sigue en la mira, no solo de quienes la vigilan, sino también de una opinión pública dividida entre quienes creen en su versión y quienes exigen pruebas contundentes para respaldar sus afirmaciones.
Lo cierto es que el caso de Claudia Cuevas refleja una problemática más amplia: la fragilidad de las instituciones cuando se trata de proteger a quienes denuncian presiones políticas, así como la facilidad con la que se pueden esgrimir acusaciones sin fundamento para desacreditar a un adversario. En un contexto donde la polarización y la desconfianza hacia las autoridades van en aumento, su testimonio abre interrogantes sobre hasta qué punto el Estado está dispuesto a garantizar la seguridad de quienes, como ella, se atreven a alzar la voz. Por ahora, solo queda esperar si las autoridades actuarán con la celeridad y transparencia que el caso amerita, o si, una vez más, las palabras quedarán en el aire sin consecuencias reales.
