Mientras las bombas caen sobre Irán y los misiles de Teherán y sus aliados siembran el caos en Oriente Medio, el frágil orden jurídico internacional se desmorona bajo el peso de una escalada bélica sin precedentes. En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el secretario general António Guterres alzó la voz ante el Consejo de Seguridad para denunciar lo que calificó como una violación flagrante del derecho internacional. Los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel, advirtió, contravienen los principios fundamentales de la Carta de la ONU, el mismo documento que ha regido las relaciones entre naciones desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero la condena no se detuvo ahí: Guterres también reprobó los ataques de represalia iraníes, subrayando que ninguna acción justifica la ruptura del marco legal que, en teoría, debería proteger a la comunidad internacional de conflictos descontrolados.
Sin embargo, desde Washington, las justificaciones no se hicieron esperar. Funcionarios del gobierno estadounidense, alineados con la postura del expresidente Donald Trump, insisten en que la ofensiva militar responde a una necesidad de seguridad global. “No se trata de una agresión, sino de una medida legal para evitar que Irán desarrolle armas nucleares”, declaró un alto representante ante la ONU, repitiendo un argumento que ha sido piedra angular de la política exterior estadounidense en la región. Pero la legalidad de estas acciones está lejos de ser un consenso. Expertos en derecho internacional señalan que, incluso si Irán estuviera violando acuerdos nucleares —algo que Teherán niega—, eso no otorga carta blanca para bombardear su territorio sin una autorización expresa del Consejo de Seguridad de la ONU.
El debate trasciende las fronteras de Oriente Medio y llega hasta el Capitolio, donde el Congreso de Estados Unidos se prepara para discutir, en una sesión de emergencia, los límites de los poderes de guerra del presidente. La Constitución estadounidense establece que solo el Congreso puede declarar la guerra, pero en las últimas décadas, los mandatarios han recurrido a interpretaciones flexibles de esta norma para justificar intervenciones militares sin aprobación legislativa. Esta vez, la presión es mayor: legisladores de ambos partidos exigen claridad sobre si el gobierno tiene autoridad para mantener una campaña de bombardeos contra Irán sin el respaldo del Congreso. La pregunta no es solo jurídica, sino también política: ¿hasta dónde puede llegar un presidente en el uso de la fuerza sin desencadenar una crisis constitucional?
Mientras tanto, en La Haya, la Corte Penal Internacional (CPI) observa con impotencia cómo uno de los conflictos más peligrosos del siglo XXI se desarrolla fuera de su jurisdicción. Aunque el tribunal ha definido el “crimen de agresión” como el uso ilegal de la fuerza armada por un Estado contra otro, ni Estados Unidos, ni Israel ni Irán son miembros de la CPI. Esto significa que, a menos que el Consejo de Seguridad de la ONU remita el caso a los fiscales del tribunal —algo poco probable, dado el veto que Washington ejerce en ese órgano—, los responsables de ordenar los bombardeos no enfrentarán consecuencias legales. Expertos como el jurista holandés André de Hoon han sido claros: los ataques contra Irán, según el derecho internacional, constituyen un crimen de agresión. Pero sin mecanismos efectivos para hacer valer estas normas, las palabras suenan huecas.
La ironía es que, mientras el mundo asiste a este colapso del orden jurídico, Irán también es acusado de violar el derecho internacional. Teherán ha sido señalado por apoyar a grupos armados en la región, interferir en conflictos como el de Yemen y Siria, y desarrollar un programa nuclear que, según Occidente, tiene fines militares. Pero, como advierte De Hoon, estos actos no justifican una respuesta militar desproporcionada. El derecho internacional reconoce el principio de legítima defensa, pero solo en casos de ataques inminentes y bajo estrictas condiciones. Los bombardeos preventivos, como los ejecutados por Estados Unidos e Israel, no encajan en esta categoría.
La pregunta que queda en el aire es si este conflicto marcará el fin definitivo de un sistema que, aunque imperfecto, ha intentado evitar que las guerras se desaten sin control. Algunos analistas, como el experto en relaciones internacionales Richard Crane, sugieren que la salida del poder de líderes como el iraní Alí Jamenei o el venezolano Nicolás Maduro —este último mencionado en el contexto de las tensiones geopolíticas— podría abrir una ventana para la distensión. Pero en el corto plazo, lo único claro es que el derecho internacional se ha convertido en otra víctima más de una guerra que amenaza con redefinir el equilibrio de poder en el mundo. Mientras las bombas siguen cayendo, las normas que alguna vez prometieron proteger a la humanidad parecen cada vez más lejanas.
