La fiscal del condado de Hennepin, en Minnesota, abrió una investigación que podría llevar a cargos penales contra agentes federales, entre ellos el jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino. En una conferencia de prensa, Mary Moriarty reveló que su oficina analiza 17 casos vinculados a operativos realizados en la zona metropolitana de Minneapolis-St. Paul, donde se registraron presuntos abusos durante protestas y detenciones.
Uno de los incidentes más llamativos ocurrió el 21 de enero, cuando Bovino lanzó una lata de gas lacrimógeno contra manifestantes. Otro caso, del 7 de enero, involucra a agentes federales que realizaron un arresto frente a una escuela secundaria y utilizaron irritantes químicos en un área donde había estudiantes y personal. Moriarty no dudó en calificar estas acciones como parte de la “Operación Metro Surge”, una estrategia que, según ella, causó “un daño incalculable” a la comunidad.
“Que no quede duda: no tenemos miedo a la batalla legal y estamos comprometidos a hacer esto correctamente”, advirtió la fiscal. Su equipo examina posibles delitos como agresiones, daños a la propiedad e incluso el uso injustificado de fuerza, incluyendo situaciones donde agentes arrojaron a personas al suelo o destrozaron ventanas de vehículos.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional, entidad que supervisa las políticas migratorias, respondió con firmeza. En un comunicado emitido la noche del lunes, el gobierno federal defendió la inmunidad de sus agentes, argumentando que los estados no tienen autoridad para procesarlos. “Lo que estos estados intentan hacer es ilegal, y lo saben”, señaló el texto. “Los funcionarios federales que actúan en el ejercicio de sus funciones están protegidos por la ley estatal”.
El documento también cuestionó las acciones de las autoridades locales, sugiriendo que sus decisiones han puesto en riesgo a los agentes federales. Hasta el momento, no se ha obtenido respuesta de Bovino, a quien se buscó para comentar sobre las acusaciones.
Bovino, una figura clave en las operaciones de control migratorio durante el gobierno anterior, ha sido señalado por su participación en tácticas agresivas. En varias ocasiones, sus agentes acorralaron a manifestantes, detuvieron a personas que grababan los arrestos e incluso emplearon gases lacrimógenos sin aparente justificación. Estos hechos han generado indignación en la comunidad, que ahora ve en la investigación de Moriarty una oportunidad para exigir rendición de cuentas.
Aunque los operativos federales se enmarcaban en políticas migratorias, los críticos argumentan que el uso excesivo de la fuerza traspasó los límites legales. La fiscalía de Hennepin parece decidida a llevar el caso hasta sus últimas consecuencias, incluso si eso significa enfrentar al gobierno federal en los tribunales. Mientras tanto, la tensión entre las autoridades estatales y federales sigue en aumento, con una comunidad que exige justicia y transparencia.
