El presidente de México reafirmó que la polémica reforma electoral será analizada con profundidad y apertura, en un proceso que incluirá tanto a aliados como a críticos del gobierno. En un mensaje que busca calmar las aguas tras semanas de tensiones, dejó en claro que el debate no se limitará a una aprobación apresurada, sino que se construirá sobre la base del diálogo y la reflexión colectiva. “No se trata de imponer, sino de escuchar”, señaló, aunque sin detallar plazos ni mecanismos concretos para esa discusión.
Mientras tanto, desde las filas del partido oficialista, Morena, los legisladores salieron al paso de las críticas que han tachado la iniciativa de “regresiva” o “antidemocrática”. Para ellos, la propuesta no es otra cosa que un paso necesario hacia la austeridad y la modernización del sistema electoral mexicano. Argumentan que el país gasta demasiado en procesos comiciales —con cifras que superan los 20 mil millones de pesos en años electorales— y que es momento de optimizar recursos sin sacrificar la transparencia. “No estamos acabando con la democracia, estamos haciendo que funcione mejor”, defendió uno de los coordinadores parlamentarios del partido, quien insistió en que la reforma busca eliminar duplicidades y reducir la burocracia en el Instituto Nacional Electoral (INE).
Sin embargo, las voces en contra no se han hecho esperar. Analistas políticos, académicos y líderes de la oposición han advertido que, más allá de los argumentos de eficiencia, la iniciativa podría debilitar las instituciones encargadas de garantizar elecciones limpias. Temen que la reducción de consejeros electorales, la reconfiguración de los tribunales y la modificación de las reglas para la fiscalización de partidos terminen por concentrar demasiado poder en el Ejecutivo. “No es austeridad, es un riesgo para la pluralidad”, sentenció un exconsejero del INE, quien recordó que México ha construido su sistema electoral a lo largo de décadas, precisamente para evitar los vicios del pasado.
El debate, en todo caso, está lejos de cerrarse. Mientras el gobierno insiste en que la reforma es “inevitable” para sanear las finanzas públicas, la oposición y sectores de la sociedad civil exigen que cualquier cambio pase por un escrutinio riguroso. Organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial y la Conferencia del Episcopado Mexicano ya han expresado su preocupación, sumándose a las protestas que, en las últimas semanas, han tomado las calles de varias ciudades del país. “No se puede reformar lo que no se conoce a fondo”, advirtió un representante de la sociedad civil, quien pidió que el Congreso abra espacios de participación más allá de los partidos políticos.
Lo cierto es que, más allá de los discursos, el tiempo apremia. Con las elecciones de 2024 en el horizonte, cualquier modificación al sistema electoral deberá aprobarse con meses de antelación para evitar vacíos legales. Mientras tanto, el presidente ha llamado a “evitar el alarmismo”, aunque sin ofrecer garantías claras sobre cómo se garantizará la equidad en los comicios si la reforma avanza. Para muchos, el verdadero desafío no es solo discutir la propuesta, sino asegurar que, en el camino, no se pierda lo que ha costado tanto construir: un sistema electoral que, con todas sus imperfecciones, ha permitido la alternancia pacífica en el poder.
